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Inclusión financiera en LATAM
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Inclusión financiera en América Latina

Desde hace poco menos de diez años la inclusión financiera se ha convertido en una política a seguir por gran cantidad de países, representando un verdadero motor para el desarrollo económico para las poblaciones. Sin embargo, su implementación plantea ciertos desafíos en los países en desarrollo. 

 

La actualidad de la inclusión financiera en América Latina

En la actualidad, la inclusión financiera en América Latina y el Caribe presenta diversos panoramas. Si bien los niveles de inclusión han aumentado en la última década, cerca de la mitad de la población de la región continúa sin acceso a servicios financieros formales. Mientras que en Chile hay un 80% de la población incluida, en México los no incluidos ascienden a más del 50%. A su vez en Brasil -país con importantes avances en los últimos años con desarrollos de Fintechs especializadas- está aproximadamente en un 50% de inclusión. Esto significa que, si bien una parte de la población adulta en América Latina ya tiene acceso a una cuenta en una institución financiera formal, existe aún un mercado en la región que no ha sido explotado, compuesto por una población que no participa en el sector financiero formal y que depende del sector informal para resolver sus necesidades financieras. Y como sabemos, estos últimos suelen ser más costosos, inseguros e insuficientes.

El objetivo del continente es continuar aumentando los niveles de inclusión gracias al impulso de distintas iniciativas relacionadas con la digitalización de canales, productos y servicios financieros. A su vez los países se han tomado en serio la tarea de identificar los desafíos que tienen en sus territorios a través de encuestas y segmentaciones por grupos poblacionales, lo que ha facilitado ubicar comportamientos y necesidades de cada uno para fomentar la toma de decisiones adecuadas para cada entorno. 

Pese a las acciones que se llevan adelante, en 2018 alrededor de 2500 millones de personas no utilizaban servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tienen cuenta bancaria. Esto se debe a múltiples obstáculos , como ser: 

- La dificultad para garantizar el acceso a los servicios financieros en poblaciones difíciles como zonas rurales y mujeres amas de casa. 

- Los problemas para aumentar la capacidad y conocimientos financieros de los ciudadanos para que puedan comprender los diferentes servicios y productos. 

- La falta de documentos de identidad válidos y digitalizados que permitan legalizar trámites fácilmente y a bajo costo. 

- La escasez de productos financieros útiles y pertinentes que se adapten a las necesidades de los usuarios. 

- La falta de marcos sólidos de protección del usuario de servicios financieros y la adaptación de entidades responsables de la reglamentación y la supervisión.

- La escasez de presupuesto asignado a la implementación de estas estrategias de inclusión. 

- La garantía de sostenibilidad de las políticas a largo plazo y su independencia de los ciclos políticos. 

- La falta de instrumentos de línea que permitan contar con diagnósticos rigurosos para priorizar y segmentar a la población de acuerdo con sus necesidades específicas. 

Si bien los desafíos y obstáculos son muchos y particulares según cada país, la pandemia COVID-19 ha acelerado la transformación digital o digitalización de gran cantidad de entidades financieras, lo que impulsó la adopción de tecnologías digitales en todos los estratos de las sociedades. El distanciamiento social junto a las cuarentenas estrictas y la necesidad de no tocar el dinero, llevaron a las personas a tener que utilizar medios de pagos digitales como el QR y Contactless y sumarse a opciones de pago digitales. 

En octubre del 2020, una investigación realizada por Americas Market Intelligence y Mastercard mostró que casi 40 millones de personas se bancarizaron en los 5 meses previos, durante el punto máximo de la pandemia, lo que es un 11% de la población adulta según datos del Banco Mundial. Las ayudas gubernamentales, como el Coronavoucher en Brasil, el Ingreso Solidario (Colombia) o el Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina, llevaron a los usuarios que previamente solo usaban efectivo a contar con una cuenta bancaria para poder recibir ingresos de emergencia.

En conclusión podría decirse que la pandemia contribuyó a la inclusión financiera de un porcentaje de las poblaciones, que si bien fue forzada, permitió que gran cantidad de personas obtuvieran mayores conocimientos sobre sus posibilidades e incorporaran para siempre algunas de estas dinámicas. 

 

¿Qué políticas están llevando los países de América Latina para llegar a una inclusión financiera del 70 u 80%?

Las estrategias de mayor impacto en los países latinoamericanos son aquellas que ofrecen la coordinación de acciones educativas, informativas y comunicacionales entre entidades del sector público, privado y la sociedad civil. 

Entre algunas acciones eficientes de inclusión financiera en países latinoamericanos, podemos hablar de la Ley de Inclusión Financiera que Uruguay implementó en el 2014 con el objetivo de regular los medios de pago electrónicos para permitir el acceso a servicios bancarios a toda la población y en consecuencia formalizar la economía. Dicha ley redujo el IVA a consumidores finales en compras de bienes y servicios contratados con tarjetas de débito y crédito o instrumentos de dinero electrónico. También implicó el pago de sueldos, honorarios y beneficios sociales a través de cuentas bancarias o dinero electrónico a trabajadores independientes. Lo que significó para los empleadores, que si no lo hacían de esa forma tenían consecuencias por no cumplir la ley.

A su vez, Uruguay permitió el desarrollo de Fintech que ofrecen productos específicos de inclusión, como es el caso de Mi Dinero, una tarjeta prepaga no digital que en la actualidad ya ha emitido más de un millón de plásticos. Teniendo en cuenta que este país tiene una población total de un millón y medio de personas, representa un 0,7% de tarjetas prepagas por persona. 

Por su parte, Brasil también apoyó el desarrollo de empresas digitales que contribuyen a la inclusión, pues la tecnología tiene muchísimo para aportar en este asunto. Es el caso de Creditas, una Fintech, que se enfocó en lanzar productos de lending para ofrecer préstamos a través de garantía. En un país donde la inflación no es tan importante pero aún así las tasas de interés son muy altas, productos como los de Creditas permitieron que las personas accedieran a préstamos por una fracción de interés que dan los bancos. Los individuos pueden poner, por ejemplo, su casa en garantía y acceder a una tasa de interés baja. A estos créditos también se los combinó con otra herramienta, como la consolidación de deuda. Esto le ofreció a las personas con múltiples deudas en tarjetas de créditos y otros préstamos una refinanciación en una sola cuota, pero con un interés menor que si se pagaran todas las cuotas de múltiples deudas por separado. También por medio de una hipoteca. 

La inclusión financiera se ha convertido en una política a perseguir por las naciones de la región. Te invitamos a continuar leyendo nuestra visión sobre este tema, aquí en el blog de Digiventures.+